Exclusión Territorial, fuente de la desigualdad profunda de América Latina

1. América Latina, profundas desigualdades territoriales

América Latina exhibe niveles alarmantes de disparidades socioeconómicas al interior de sus países, con una concentración de la inversión y el PIB en unos pocos territorios que supera con creces a la observada en los países de la OECD. Esta profunda desigualdad territorial es el caldo de cultivo para el descontento social y político, una situación que es constantemente aprovechada para generar inestabilidad en nuestra región.

Como se puede apreciar en la gráfica n°1, nueve países de América Latina, entre ellos los de mayor crecimiento y desarrollo como Chile, Uruguay, Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Méjico; son a su vez los países con mayores desigualdades territoriales dentro del país.

Gráfica n°1

• Fuente: “Panorama del desarrollo territorial de América Latina y el Caribe, 2024”. CEPAL – ILPES.
• Elaborado con base en estimaciones oficiales de cuentas subnacionales de los países.

Encabeza la lista del nivel más alto de disparidad y concentración territorial, Panamá, por la gran concentración de su PIB, ascendente al 85% en la zona interoceánica conformada por el eje de dos provincias, las de Panamá y Colón por donde transita el canal que abarca el 20% del territorio nacional dejando a 8 provincias y 4 Comarcas indígenas que abarcan el 80 % del territorio, con tan solo el 15% del PIB reflejado en serias carencias de infraestructura y servicios:

• Conectividad física: Carreteras, caminos de producción, puertos, aeropuertos y corredores logísticos.
• Conectividad virtual: Acceso a internet.
• Infraestructura social: Escuelas (primarias, secundarias y técnicas), universidades, centros médicos, viviendas dignas,
• Infraestructura productiva: Acceso a electricidad, sistemas de cadenas de frío, centros logísticos, parques industriales, otros.

Con serias brechas de acceso a mercados para sus productos, acceso a servicios básicos para desarrollo del capital humano (y ser más productivos), a pesar de que esos territorios desfavorecidos albergan por lo general las mayores riquezas naturales y productivas.

Similar es el caso de Ecuador, donde la zona petrolera concentra la inversión y el desarrollo. Sigue Perú, Colombia. Argentina, Brasil, Chile, Méjico, Uruguay.

Esa misma tendencia se puede apreciar en el gráfico n°2 que permite analizar el PIB por habitante y la disparidad territorial del PIB por habitante.

Gráfico n°2

• Fuente: “Panorama del desarrollo territorial de América Latina y el Caribe, 2024”. CEPAL – ILPES.
• Elaborado con base en estimaciones oficiales de cuentas subnacionales de los países.

Los países de la OECD (graficados con los círculos rojos) tienen un PIB per cápita o por habitante, elevado, bastante mayor que los países de América Latina y por ello se ubican al lado izquierdo del cuadrante. Sin embargo, los países de América Latina se ubican en el centro y hacia el lado derecho del cuadrante por la disparidad territorial del PIB, destacando nuevamente Panamá.

Para conocer las tendencias del crecimiento de la disparidad territorial, se presenta la gráfica n°3 donde se puede apreciar data que revela la tendencia desde el año 2003 hasta el 2022, donde nuevamente Panamá encabeza la disparidad. Lo más preocupante es que se devela una tendencia al alza, a diferencia de los otros países cuya tendencia es a la baja. 

Gráfica n°3

• Fuente: “Panorama del desarrollo territorial de América Latina y el Caribe, 2024”. CEPAL – ILPES.
• Elaborado con base en estimaciones oficiales de cuentas subnacionales de los países.

Finalmente, podemos verificar que las zonas más pobres son las que más excluidas territorialmente están debido, como hemos mencionado anteriormente, a una ausencia de inversión pública en conectividad física (carreteras, aeropuertos, puertos) en conectividad virtual (acceso a internet) y en servicios básicos; postergada generalmente por dificultades de la geografía, lo que conlleva a un aislamiento económico productivo con un lentísimo desarrollo productivo sin acceso a mercados y limitados servicios básicos. Esta es la principal causa de la ausencia de la inversión privada en esas zonas y de la migración interna.

Para no mantener o profundizar estas disparidades y los focos de inestabilidad, las políticas públicas de los Estados de América Latina y el Caribe deben enfocarse en integrar estos territorios al desarrollo orientando inversión pública en conectividad y servicios básicos en los territorios rezagados para generar la base de la atracción de la inversión privada nacional y extranjera y el consecuente aprovechamiento sostenible de las riquezas para el impulso económico local, generación de empleo, ingresos y mejores condiciones de vida estabilizando a la población local. La inversión pública debe actuar como catalizadora de la inversión privada y del desarrollo territorial para integrar al progreso a todo el país

La inversión privada no se dirige a zonas ni se asienta en territorios donde no hay una plataforma básica de servicios de conectividad (carreteras, caminos de producción), capital humano mínimamente formado, energía, mínima capacidad de innovación tecnológica y otros elementos fundamentales para el crecimiento económico y la productividad y consolidación empresarial. Sin esta plataforma de base, no puede desarrollar proyectos de inversión. Es propicio promover alianzas estratégicas de compromiso de inversión pública con acompañamiento de inversión privada e ir de la mano en los territorios para darle valor agregado a las riquezas naturales y productivas de manera sostenible.

Es la exclusión territorial la que trae la exclusión económica y social.

Frente a esta realidad, la clave para lograr un desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible reside en un renovado paradigma: el Desarrollo Territorial armonizado con el Desarrollo Nacional y articulado a las tendencias mundiales.

2. Nuevo enfoque: Desarrollo Territorial

El enfoque clásico de “desarrollo” está agotado.

Las evidencias demuestran que el modelo basado en el mejoramiento de indicadores macroeconómicos promedio nacionales de desarrollo como el PIB, el PIB per cápita, inversión, ingresos, empleo, y reducción de la pobreza con inversiones concentradas en las ciudades capitales o principales, son relevantes para medir comparativamente estos indicadores entre países, pero no permiten conocer la realidad especifica que contribuya a elaborar estratégicas y políticas públicas para el desarrollo sostenible y armonioso del conjunto de los países.

Es necesario contar con promedios nacionales pero ya no es suficiente porque esconden realidades territoriales críticas al interior de cada país y al soslayarlas se exacerban las desigualdades profundas internas que generan brechas de larga data, difíciles de afrontar porque al no tomar conciencia de ellas, se sigue concentrando la inversión pública que arrastra a la privada y la creación de riqueza, en determinados territorios aparentemente más dinámicos del país generando una situación contraproducente de rivalidades y conflictos internos de largo plazo no deseada, en muchos casos inmanejables.

Tampoco son funcionales las políticas públicas sectoriales aisladas, que no actúan en forma integral para atender la realidad del territorio que por naturaleza es multisectorial y dimensional. No sirve invertir en un solo sector, ej: maravillosas escuelas si no se invierte en caminos, puentes internos para que los niños puedan llegar a ellas y no hay agua para que funcionen los baños ni energía ni internet. Es necesario invertir y actuar de manera conjunta, integral para que el territorio funcione.

El Desarrollo Territorial es una estrategia que parte de enfocarse en las raíces y en las riquezas de la vida humana, en lo esencial, en el principio de la familia y el entorno inmediato, como célula básica de la sociedad. Es en la familia, el barrio, la comunidad, donde se inicia el proceso socialización humana y donde se generan las actividades económicas y productivas que sostienen la economía local. Es desde esta matriz donde empieza a germinar el verdadero desarrollo y el progreso.

Los territorios tienen grandes riquezas naturales, históricas, construidas, que le dan una particularidad a sus actividades productivas y sociales, donde se crean las empresas, los emprendimientos en base a demandas locales y externas, se va forjando un mercado local vinculado al externo (si tienen conectividad) y un espacio socialmente construidopor los habitantes del territorio que aspiran al desarrollo.

Implica rescatar y valorizar al territorio como espacio que alberga variadas riquezas integradas naturales, sociales, económicas y productivas. Por lo tanto, requiere de políticas y acciones integrales públicas y privadas.

El Desarrollo territorial se centra en mejorar la realidad desde sus raíces y desde la base de la sociedad para que se crezca de una manera sana y cohesionada hacia el progreso. De allí la importancia de revalorar el papel de las familias y el sector privado y no dejar toda la responsabilidad del progreso y el desarrollo al Estado.

Es entonces desde los territorios donde debemos enfocar las estrategias privadas y de políticas públicas para construir una práctica del desarrollo basado en formar capacidades individuales emprendedoras y empresariales, relaciones de confianza para la asociatividad y la cohesión, aunar esfuerzos para la producción y acción social con visión compartida de progreso

Se trata de que los territorios conozcan y aprovechen de la mejor manera sus riquezas y potenciales como fuente de producción y empleo, como mercados dinámicos a integrarse a dimensiones mayores y forma de superar la pobreza.

3. Familias y sector privado: agentes de transformación local.

El sector privado es el principal agente de transformación local porque es el más interesado en que en su territorio se realicen inversiones y se alcance el progreso y el desarrollo. Es un error dejarle toda la responsabilidad y tarea del desarrollo al Estado. Lo que no significa que el Estado no invierta en servicios básicos, conectividad y otros en el territorio. Por el contrario, ya hemos sustentado su necesidad e importancia.

Por ello, es crucial la organización y el liderazgo del sector privado local para detectar sus riquezas naturales y productivas, establecer una visión de futuro, tener claridad sobre necesidades de inversión pública y privada y liderar la movilización de recursos y esfuerzos para el desarrollo territorial. En ese marco, es medular influir en la función que debe cumplir el Estado en el desarrollo del territorio fomentando las alianzas con el sector público local, regional y nacional para priorización conjunta de los proyectos públicos de inversión en el territorio. El sector público local y nacional debe financiar la infraestructura de conectividad (carreteras, puentes, puertos, aeropuertos), la infraestructura social y su funcionamiento (escuelas públicas, centros médicos, dotación de energía, telecomunicaciones -internet-) y la infraestructura productiva (caminos de producción, infraestructura de frio), logrando que se facilite la inversión productiva dependiendo del mapa de riquezas: agropecuaria, turística, pesquera, energética, de viviendas, comercio, otros; que generan empleo e ingresos a la población local.

Este esfuerzo implica construir una institucionalidad con liderazgo del sector privado que es estable y doliente, con una visión compartida, participativa y colaborativa, basada en la coordinación, reciprocidad y el establecimiento de alianzas estratégicas públicas y privadas. El sector público está sujeto a los cambios de gobierno que los lleva a establecer políticas cortoplacistas de periodos gubernamentales y variación de funcionarios.

Ello permitirá construir un futuro de riqueza y prosperidad estable y de larga duración de los territorios rezagados.

Susana Pinilla Cisneros es antropóloga del desarrollo, administradora de empresas con especialización en finanzas y maestría en Políticas Públicas y Gobernabilidad. CEO de Acción por el Bien Común para el Desarrollo (El ABC del Desarrollo), ha sido Directora Representante de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en Panamá, Ministra de Estado en cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, De la Mujer y Desarrollo Social y Consejera Presidencial en materia de inversión pública regional y local.  Presidenta del Directorio de Entidades Financieras privadas internacionales y peruanas